La propuesta contempla la derogación de una norma de 1993
La legisladora del oficialismo Patricia Glize presentó un proyecto para derogar la actual normativa que obliga a los locales de gastronomía a permitir al público general el uso de los sanitarios.
“La normativa, dictada hace más de treinta años, resulta obsoleta y desactualizada frente al nuevo marco regulatorio, urbanístico y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en día, gran parte de los locales comerciales son de pequeña escala, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas para uso público, y no están en condiciones de asumir las responsabilidades sanitarias, legales y de seguridad que implica esta obligación”, afirmó la diputada.
La regulación que la legisladora busca derogar es la resolución 46798/93 del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, la que “intima a los propietarios de confiterías, bares, restaurantes, salones de té, etc., de esta Ciudad, para que acorde a las disposiciones vigentes liberen el uso de las instalaciones sanitarias para toda aquella persona que así lo solicite haya o no efectuado consumición”.
En su proyecto, sostiene que “se trata de una carga desproporcionada que recae sobre comerciantes sin compensación alguna. Su implementación genera costos adicionales en mantenimiento, limpieza, provisión de insumos e infraestructura, que no pueden ser afrontados por muchos pequeños comercios”.
Agrega que “en segundo lugar, la obligación entra en contradicción con el principio de razonabilidad administrativa, ya que se impone al sector privado una función que corresponde al Estado, como es la provisión de servicios sanitarios públicos en el espacio urbano, algo que por ejemplo estipula la Ley 6.107, que dispone la creación de baños de uso público en parques mayores a 3 hectáreas emplazados en la Ciudad, lo que evidencia que existen mecanismos más apropiados para garantizar el derecho al acceso a sanitarios sin afectar los derechos de los comerciantes”.
“Es necesario resguardar la autonomía de los privados en el uso y disposición de sus instalaciones, en tanto no se trate de servicios públicos”, concluye.
